LA ALINEACIÓN INDEBIDA SIN MALA FE EN BALONCESTO FEMENINO

NUESTRA COLABORADORA, LA ABOGADA MONTSE DÍAZ MARI, NOS TRAE UN ANÁLISIS DE UNO DE LOS TEMAS MÁS CANDENTES ACTUALMENTE EN EL BALONCESTO FEMENINO ESPAÑOL: LA ALINEACIÓN INDEBIDA

LA ALINEACIÓN INDEBIDA SIN MALA FE EN BALONCESTO FEMENINO

 

Hace unas semanas se dieron, en principio, dos alineaciones indebidas en la Liga Femenina 2 (LF2) que, para quien no se ubique, es la segunda división nacional de baloncesto organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB), donde participa el primer equipo de la conocida Agrupación Deportiva Baloncesto Avilés (“ADBA”).

No obstante, antes de nada, hay que dejar claro que, una cosa es incumplir las bases de competición pues esto implica cometer una infracción leve tipificada así en el Reglamento disciplinario de la FEB; y otra muy distinta es no tener la licencia en vigor, o suspendida, o no tener hecho el transfer correctamente, pues esto último sí que es alineación indebida tipificada como muy grave en el mismo Reglamento federativo.

Teniendo esta breve introducción clara, para comprender estos asuntos, hay que hacer una lectura, tanto de las Bases de competición de LF2 en las que se establece cómo configurar la plantilla para la temporada 2020/2021, como del Reglamento Disciplinario de la FEB.

Literalmente, las Bases dicen así:

“Los equipos deberán mantener durante toda la temporada, inscritas y contratadas, un mínimo de ocho y máximo de doce (12) jugadoras respetando siempre la siguiente configuración: 

NÚMERO DE JUGADORAS EN PLANTILLA 8-9: MÍNIMO 3 JUGADORAS DE FORMACIÓN EN PLANTILLA

NÚMERO DE JUGADORAS EN PLANTILLA 10-12: MÍNIMO 4 JUGADORAS DE FORMACIÓN EN PLANTILLA

– Un máximo no obligatorio de UNA (1) jugadora extranjera no comunitaria.

– JUGADORAS DE FORMACIÓN: Los equipos deberán mantener en pista y durante todo el tiempo de juego, al menos DOS (2) jugadoras de formación de las que integran el acta del encuentro.
Si nos centramos en las jugadoras de formación, dejando de lado el cupo a cumplir en cuanto a jugadoras no comunitarias y aquellos casos de baja por lesiones, e incluso aquellas jugadoras de Reino Unido -que también se mencionan por parte de la FEB a la hora de configurar la plantilla-, las bases de competición nos remiten de un lado al artículo 28 del Reglamento General y de Competiciones de la FEB y de otro a una Resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El Reglamento General y de Competiciones, define a una “jugadora de formación” como “toda jugadora que, siendo ciudadana comunitaria o de cualquier país (que tenga tratado de asociación o similar con la UE que incorpore una cláusula de no discriminación por razón de la nacionalidad en las condiciones de trabajo) , y que entre su segundo año de categoría infantil y su segundo año de categoría junior (ambos inclusive) haya estado inscrito con cualquier club afiliado a la FEB en un período, continuado o no, de 3 temporadas. Para que puedan ser computadas las temporadas se exigen al menos 8 meses de permanencia en cada una de ellas”.

En cuanto a esta definición parece claro quién es “jugadora de formación”.

Ahora bien, ¿por qué la FEB se ha preocupado por conceptuar este tipo de jugadora?

Uno de los motivos por los que se ha incluido de forma expresa en el Reglamento de la FEB, a mi entender, es por la Resolución de la Presidencia del CSD de 16 de julio de 2014, por la que se fijan los límites al número mínimo exigible de jugadores de formación en las plantillas deportivas que participan en las competiciones oficiales de ámbito estatal de la modalidad de baloncesto (Resolución).

Primero, hay que confirmar que el CSD puede dictar esta Resolución más que nada porque tiene competencia porque afecta al marco general de la competición [1]. La Resolución es importante conocerla de cara a aclarar la
redacción y los cambios en la configuración de las plantillas de las competiciones oficiales de ámbito estatal como son LF y LF2 a partir de la temporada 2014/2015. La Resolución también sirve para comprender de algún
modo las plantillas de ACB, LEB Oro y Plata.

Así las cosas, y a pesar de que nos hayamos centrado en jugadoras de formación, hay que motivar el número mínimo retrotrayéndonos a la Resolución del CSD, que viene dada porque la Comisión Europea entendía que las normas de configuración de plantillas que ponían como condicionante un número mínimo de jugadores españoles, no respetaban el derecho a la libre circulación de los ciudadanos, de hecho, limitaban a un máximo el cupo de jugadores de países no pertenecientes a la Unión Europea.

Curiosamente, la Comisión entendió que quien debía garantizar que se cumpliera la normativa comunitaria era del Gobierno de España, esto es, era responsabilidad del CSD y no tanto de la FEB directamente. 

Entre ACB-ABP-FEB plantean a la Comisión Europea -con la supervisión del
CSD- unos cupos de jugadores en formación (aquí empezamos a ver cómo afecta esta resolución a la realidad actual de la competición de LF y LF2). Sin embargo, de primeras, la Comisión no estuvo de acuerdo porque entendía que con los cupos propuestos de formaciónse genera discriminación indirecta y es desproporcionado con respecto a los fines para cumplir la libre circulación de
los trabajadores.

Al final, supuso una nueva modificación sobre el planteamiento y tuvieron que modificar las medidas para poder ajustarse. En la Resolución finalmente se
indica el número mínimo de jugadoras en formación en las competiciones oficiales de carácter estatal de la modalidad deportiva de baloncesto y que, por tanto, en las Bases de las competiciones FEB se plasman los números antes mencionados en una tabla y son efectivamente los números se exigen para tramitar las licencias e inscribir a las jugadoras.

Para culminar con estos antecedentes de lo que ocurre en la actualidad, en la Resolución se permiten acuerdos de coordinación, siempre con la mediación del CSD, para fijar medidas que tiendan al fomento de la formación de jugadoras por parte de los clubes participantes, en este caso, en LF y LF2.

Sobre la base de estas exigencias, se configuran las plantillas, y, en consecuencia, las bases de competición que se deben de cumplir por parte de los clubes para no cometer la infracción graduada como leve en el Reglamento disciplinario de la FEB. Si bien es cierto que podría ser considerada como una infracción muy grave para el caso de que los hechos se encuadren expresamente en la infracción de alineación indebida (de acuerdo con el principio de tipicidad [2]).

¿En qué consiste? ¿Y qué sanción conlleva? Como se adelanta, se considerará una infracción muy grave, que será sancionada con multa de 3.000€ hasta 15.000 €, y pérdida del encuentro y descuento de un punto en la clasificación general o en su caso de la eliminatoria, más posibles indemnizaciones.

Y será alineación indebida de una jugadora, sea por no estar provisto de la correspondiente licencia para el equipo o categoría de la competición en que participe y sin la autorización, provisional justificada de que dicha licencia está en tramitación, o por estar la jugadora suspendida, no disponer fehacientemente de la carta de baja del transfer o de la totalidad de la documentación que se exija en la correspondiente normativa y que deberá ser expedida por los organismos deportivos competentes.

Como se observa, no se indica expresamente que no mantener en pista a dos jugadoras de formación implique la comisión de alineación indebida. Por lo que, lo que en principio parecía una alineación indebida sin debate posible (CP Miralvalle vs Ulla Oíl Rosalía) se observa como pasa a considerarse como una infracción a las normas de competición [3].

 

FOTO A. HERNÁNDEZ / EL CORREO GALLEGO

 

Así, descartando el caso de Plasencia, nos vamos al partido aplazado entre La Peña vs Unió Esportiva Mataró, en el que parece que no se debate si se ha cometido o no alineación indebida porque efectivamente se ha cometido-, sino si ha habido mala fe o no y en consecuencia si se puede aplicar la excepción que propone la FEB en el Reglamento Disciplinario: Consistente en que, siempre y cuando el equipo infractor haya ganado, se podrá anular el encuentro en el que se cometió la infracción y se podrá repetir, por supuesto, sin alinear a aquella jugadora y sin la sanción de pérdida de partido, ni multa (salvo que los gastos de los nuevos desplazamientos y demás gastos generados, corren a cargo del equipo infractor) [4].

Por cierto, en el Reglamento Disciplinario de la FBPA, en cuanto a las
competiciones oficiales de ámbito territorial asturiano, también se indica de esta misma forma. Si bien, aunque también sea una infracción muy grave, la diferencia se encuentra por un lado en que la sanción económica es sólo hasta 600 € y por otro lado en el añadido siguiente: “si la alineación fuera de ambos equipos el resultado será de 0 – 0 con descuento de un punto para ambos en la clasificación general o eliminatoria y con multa de hasta 600 € sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan” [5].

Es sabido que, por ejemplo, el caso de la Peña contra Mataró, se repitió porque tanto el Comité Nacional de Competición de la FEB como el de Apelación así lo indicaron, pero el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha anulado las resoluciones federativas.

Como el supuesto de La Peña vs Mataró es un partido aplazado, he ido al Reglamento General y de Competición de la FEB para poder aclarar esta cuestión y entender en qué momento se entiende jugado, si en la primera fecha o en la fecha aplazada a los efectos de la alineación indebida. El Reglamento, en su artículo 90, dice así:

“Todo encuentro se considerará celebrado en la fecha en que figura en el calendario oficial, aun cuando se dispute en otra. En consecuencia, a efectos de validez de licencias y demás requisitos reglamentarios se estará a la situación de la fecha señalada en el calendario”, por lo tanto, no hay duda de que, aunque se juegue un partido aplazado, se debe considerar la primera fecha del calendario oficial.

A mi entender, es una aclaración razonable puesto que, de lo contrario, cabría la posibilidad de solicitar aplazamientos constantemente para poder participar con jugadoras que aún no han recibido los papeles de la licencia federativa o cualquier otro condicionante, desvirtuando de algún modo la configuración de la plantilla frente a aquellos que sí respetan las bases de competición.

Otro inciso antes de continuar, como sabréis, la alineación indebida, en la práctica, se comete desde el momento en que la jugadora se inscribe en el acta del partido y se firma por parte de los entrenadores, sin necesidad de que la jugadora salga a pista o no (confirmando nuevamente que mantener a dos jugadoras en pista no genera una alineación indebida). 

Hay que tener claro además que el acta arbitral en la normativa deportiva española se caracteriza por su presunción de veracidad -al igual que las formuladas por la Policía, por ejemplo.

¿Cómo se podría probar que no ha existido mala fe en la alineación indebida?

La alineación indebida, en esencia, protege la buena praxis en la confección del equipo que participa en el momento del partido en la competición, en el respeto de las reglas de competición aplicables, sean los cupos, sean los periodos de fichajes, sea la obtención de la documentación adecuada para obtener la licencia, sea… Probar que no ha existido mala fe tiene un grave problema de prueba, es muy complejo.

Aun así, si la alineación se comete con mala fe, debiera castigarse con más ahínco, ¿no? pero si por el contrario, si el bien protegido se diluye porque no ha habido negligencia ni mala fe, ¿no queda en entredicho la norma que protege el cumplimiento de la configuración de las plantillas de forma objetiva? ¿Cuál es el límite? ¿En qué debe consistir la negligencia grave? ¿El régimen disciplinario se estructura bajo la intencionalidad en la comisión de las infracciones? ¿No actúa con la diligencia exigible por no conocer las normas aplicables? ¿No hay mala fe cuando la alineación indebida no proporciona ventaja? ¿La actuación de toda norma sancionadora requiere la concurrencia de culpabilidad o de responsabilidad objetiva? [6].

Debemos situarnos en una fase previa, acudiendo a la exigencia del artículo 25 de la Constitución Española en cuanto que nadie puede ser condenado o sancionado sino por hechos que le puedan ser imputados a título de dolo o culpa. Es decir, hay que reflexionar sobre el principio de culpabilidad.

Si bien es cierto que a pesar de considerar como norma general que el principio de culpabilidad rige en los procedimientos disciplinarios, hay quien piensa sin embargo que “se admite la existencia de tipos objetivos, con inversión de la carga de la prueba, cuando existe una obligación de especial intensidad que debe ser cumplida por el sujeto pasivo y cuyo incumplimiento objetivo es sancionable si no está justificado. Así sucede con la incomparecencia, alineación indebida, […]”[7]

De todas formas, la norma general es que no es posible sancionar sin que haya concurrido un acto personal doloso o culposo por parte del infractor. Hay pronunciamientos de tribunales en este sentido. Así, ya en los años 90, el Tribunal Supremo entendía que “en el ámbito de la responsabilidad administrativa no basta con que la conducta sea antijurídica y típica, sino que también es necesario que sea culpable, es decir, efecto de una acción u
omisión imputable a su actor sea por malicia o imprudencia, sea por negligencia o sea por ignorancia inexcusable”.

Para aclararnos, se viene considerando que, si no hay negligencia, lo que no se puede, es sancionar. Con lo cual, el paso que se está dando de si hay o no mala fe según la jurisprudencia puede llegar a ser contrario a Derecho. Si no hay mala fe, si hay buena diligencia, no se cumple el principio de culpabilidad.

No obstante, como es habitual, en Derecho, hay interpretaciones en todos los sentidos, así pues, en el asunto La Peña-Mataró, por tanto, sería razonable verificar previamente si ha habido dolo o falta de diligencia debida, no si ha habido o no mala fe, a pesar de lo que la FEB ha impuesto en el Reglamento Disciplinario (que teniendo en cuenta el marco normativo y la jurisprudencia, la
FEB podría dejarlo como está basándose como hasta ahora en resoluciones donde dan por válida la responsabilidad objetiva o podría adecuarse al principio de culpabilidad eliminando la excepción).

Concluyo reflexionando que el TAD lo que ha tenido que observar para decidir de tal modo, es decir, anulando la decisión federativa, es, o bien por razones de carácter formal, o bien, apuntando al principio de culpabilidad que rige en los procedimientos disciplinarios teniendo en cuenta quien aprueba por ejemplo las bases de competición, o bien, en cualquier otro argumento, pues el Derecho (y el deporte) “tienen habitualmente multitud de puntos de vista”.

Montse Díaz Marí
Abogada con especialización en Derecho Deportivo

Puedes encontrar más información y otros artículos en:  https://diazmari.com/ 
¡Ah! Y muchas gracias por tu tiempo.

[1] Según la Ley 10/1990, de 15 de octubre del deporte, según el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas y, entre otras, según el Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Superior de Deportes.

[2] El principio de tipicidad en virtud del cual los hechos tipificados como infracciones en el procedimiento deben estar previstos de forma expresa y con carácter previo a la comisión de aquellos, así como las sanciones que se vayan a imponer -tal y como se desprende del art. 25.1 CE y del art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; sin olvidarse de que no es posible la analogía extensiva. La tipicidad se exige en el régimen disciplinario deportivo de forma expresa a través de los art. 75 LD, 8 y 20 del RD Disciplina.

[3]http://twitter.com/CPMiralvalle/status/1363905233139740677?s=20

[4] Artículo 44 del Reglamento Disciplinario de la FEB, aprobado por la Comisión Delegada el 4 de noviembre de 2020.
[5] Artículos 44 y 45 del Reglamento disciplinario de la FBPA.
[6] Expediente Tribunal Administrativo del Deporte núm. 133/2017 bis
[7] Rodríguez Ten J. Deporte y Derecho administrativo sancionador. Colección Jurídica General. Ed. Reus. Pág. 168.

(Foto portada Zona Dos Tres)

 

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