LA LABORALIDAD EN LA FIGURA DE LOS ENTRENADORES DE BALONCESTO

REFLEXIONAMOS SOBRE LAS PECULIARIDADES DE LA LABORALIDAD EN LA FIGURA DEL ENTRENADOR DE BALONCESTO A TRAVÉS DEL ARTÍCULO QUE NOS TRAE NUESTRA COLABORADORA MONTSE DÍAZ MARI

LA LABORALIDAD EN LA FIGURA DE LOS ENTRENADORES DE BALONCESTO

 

Hace unas semanas reflexionábamos acerca del acceso a la profesión de entrenadores de baloncesto en Asturias, pues bien, una vez que esto ocurre, cuando uno ya posee la licencia federada para dirigir un equipo, ¿en qué situación laboral se encuentra?

Algunas de las cuestiones que dejábamos esbozadas se preocupaban por la relación contractual de los entrenadores de selección o la existente entre los entrenadores con respecto a los clubes.

¿Son deportistas profesionales? ¿son trabajadores comunes, altos directivos o voluntarios? Para responder a estas preguntas es imprescindible alejarnos del concepto de la licencia federativa para adentrarnos en la relación contractual entre cada entrenador con respecto a su empleador, sea un club deportivo, una federación, u otras entidades como una sociedad anónima deportiva.

Aunque en el presente artículo no sea posible entrar a valorar en detalle cada situación, se intentará dar unas pinceladas sobre los puntos básicos que rodean a la laboralidad de los entrenadores y los retos a los que se exponen.

Para empezar, hay que aclarar algo que parece ser un concepto que lleva a error habitualmente y es que, un/a entrenador/a tiene naturaleza laboral en su relación contractual independientemente de que la competición en la que ejerce su rol sea calificada o no como profesional, sea de competiciones minibasket o de otras categorías formativas. (Del mismo modo ocurre con los jugadores, por ejemplo, los jugadores del Oviedo Baloncesto pueden ser profesionales, aunque la LEB Oro no esté calificada como profesional).

Así, la doctrina y la jurisprudencia vienen asimilando la figura de un entrenador a la de un deportista profesional, al menos en España, aplicándose el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral de los deportistas profesionales (RD 1006).

Un entrenador se define por la opinión jurídica mayoritaria como un deportista profesional quien, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dedica voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución». (Art. 1. Dos RD 1006).

Ahora bien, otra parte de la doctrina ha considerado al entrenador como personal de alta dirección por ejercitar poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa (el Club o federación) y relactivos a los objetivos generales de aquella, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración (artículo 1.Dos del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección (RD Alta Dirección). ¿Podría asimilarse como un trabajador laboral común? Esto es, ¿un entrenador es un trabajador que, «voluntariamente presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario»? (art. 1 del Estatuto de los Trabajadores -ET-).

Por supuesto, una posible solución podría ser fomentar la figura del trabajo temporal a tiempo parcial, entre cualquier otra figura regulada en el ET y encaje con las características de la actividad de un entrenador. 

Agotando el listado de posibilidades, ¿podría ser considerado como «voluntario deportivo»? (Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado). Esta figura no aplicaría en competiciones de máximo nivel nacional calificadas como profesionales, si bien, el voluntariado deportivo sí se aplica en ámbitos sin atisbo de laboralidad (si se tienen en cuenta las condiciones del voluntariado: carácter solidario; sin contraprestación salvo compensación de gastos -muy habitual, pero mal estructurado por ser una cantidad fija la que realmente se entrega sin coincidir con los gastos porejercer de entrenador-. Esta figura es
válida, pero difícil de encajar en mi opinión.

Existen otras figuras que entiendo que no aplican de forma clara por no adecuarse a las características propias de un/a entrenador/a, pero que en alguna ocasión se han puesto sobre la mesa para poder regularizar la situación de los entrenadores de categorías inferiores -a mi entender, de forma errónea con el sólo objetivo de parchear la situación tributaria y contractual, así como para evitar de algún modo el constante trasiego de entregas y/o de firmas -inadecuadas- de recibos por compensación por gastos-. Se habla en este punto de contratos por prestación de servicios («En el arrendamiento de servicios, una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio por precio cierto», artículo 1544 del Código Civil). Esta simulación encubre, como se puede observar, una relación laboral.

Lo cierto es que hoy en día las relaciones contractuales en el baloncesto «de formación» brillan por su ausencia (o, permitiendo un comentario jocoso, son relaciones contractuales «verbales») y en el baloncesto «profesional» queda mucho por hacer a pesar de los cuatro convenios colectivos entre la ACB y la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto negociados hasta la fecha.

 

 

A mi entender uno de los retos esenciales es tratar de encontrar una figura especial que pueda acogerse por parte de los clubes formativos, incluso, con determinadas especificidades en lo que respecta a los tipos impositivos dado que, en la actualidad, carece de viabilidad en
muchas ocasiones.

En definitiva, la realidad es que aceptar como válida una figura u otra conlleva determinados derechos y obligaciones para las partes intervinientes con especial trascendencia en los efectos que se generan por la extinción de la relación contractual. En la actualidad, el criterio jurisprudencial adoptado es lo que se afirmaba al inicio: entrenador como deportista profesional, si bien, existen aquellas otras corrientes discrepantes (entrenador como alto directivo, o voluntario) que denotan una discusión abierta.

Así algunos entendían que los entrenadores no contenían caracteres de laboralidad, sino que eran altos directivos ya que exponían a su iniciativa de forma exclusiva y a su autoridad «actividades que constituyen facultades privativas del empresario, como la facultad de dirección» y contratación sobre su equipo técnico e incluso, la facultad para imponer medidas disciplinarias internas, incluida la libre planificación de los entrenamientos, convocatorias y dirección y puesta en marcha de diferentes estrategias. Ahora bien, ¿qué ocurre con «la filosofía de club»? Aquellas directrices dadas por la entidad deportiva a sus entrenadores, ¿generan indicios de laboralidad o simplemente ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma? ¿Ejercitan su actividad con plena autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas -aquella filosofía de club- emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad?

Como curiosidad, un Juzgado de lo Social de Barcelona (número 7) y el TSJ de Cataluña acuñaron -a partir del despido de Johan Cruyff por el F.C. Barcelona- el concepto de «alto directivo-deportista profesional», un híbrido sobre el que se traduce la aplicación tanto del RD de Alta Dirección como el RD 1006. «A pesar de que en esta ocasión, incluso el órgano de suplicación reconoció que el entrenador ejercía funciones directivas, no obstante, afirmó que: «no toda persona que asume funciones directivas puede ser calificado como alto directivo, ya que ha de excluirse a quienes reciben instrucciones de otros órganos delegados de dirección de la entidad empleadora».

Teniendo en cuenta las discusiones precedentes, es el orden jurisdiccional social el que viene aplicando el RD 1006 y considerando a los entrenadores como deportistas profesionales. Uno de los criterios para determinarlo es si el empleado en cuestión influye en el resultado deportivo (Sentencia del TSJ de 5 de diciembre de 2005, JUR 2006, 2078), ya que, si su actividad está conectada con el resultado, podría encuadrarse en la definición por dedicarse a la práctica deportiva. Aplicar este criterio supone ampliar el abanico de deportistas profesional de forma excesiva y sin coherencia, como la que resultó de la sentencia precitada, siendo deportista profesional la ayudante de la secretaría técnica del Real Murcia C.F. SAD ya que su actividad influía en los resultados y por tanto tenía que ver con la práctica deportiva. No obstante, es necesario advertir como argumento en contra «la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS de 16 de julio de 1991 (RJ 1991, 5996), consideró que la definición contenida en el art. 1.2 del RD permite cuestionar que el entrenador se
encuentre comprendido en dicha definición, desde el momento en el que su función «no es la de practicar deporte, sino la de adiestrar en técnicas y planteamientos a quienes lo practican».

A mayor abundamiento, en línea con este último argumento, si acudimos a la literalidad del precepto que regula la «jornada» del deportista profesional (art. 9. Uno del RD 1006) se establece que «la jornada del deportista profesional comprenderá la prestación efectiva de sus servicios ante el público y el tiempo en que esté bajo las órdenes directas del club o entidad deportiva a efectos de entrenamiento o preparación física y técnica para la misma». ¿Las funciones de un entrenador son prestar sus servicios consistentes en entrenar y prepararse tanto física como tácticamente? Es más, continuando el argumentario con el simple criterio de la literalidad, en su apartado Tres. se excluye expresamente de la jornada «los tiempos de concentración previos a la celebración de competiciones o actuaciones deportivas». Entonces, dicho de forma jocosa, ¿los entrenamientos y los partidos se planifican «por arte de magia»? Las horas empleadas en establecer los objetivos de partido, semanales, trimestrales, anuales, ¿no forman parte de la actividad del entrenador?

Como añadido, sin alejarnos del criterio primero de la literalidad de la norma, es necesario señalar que el artículo 3. Uno. «se formalizará por escrito en triplicado ejemplar», siendo importante destacar que «las entidades sindicales y deportivas a las que en su caso pertenezcan jugador y club podrán solicitar del INEM las certificaciones correspondientes de la documentación presentada».

Que el legislador haya mencionado expresamente jugador y no al entrenador, es un argumento a favor de la no aplicación del RD 1006 a los entrenadores. El artículo 7. Uno dispone obligaciones y derechos para el deportista profesional, y, entre ellos, señala que estará «obligado a realizar la actividad deportiva para la que se le contrató, aplicando la diligencia específica que corresponda y a sus personales condiciones físicas y técnicas, y de acuerdo con las reglas del juego aplicables y las instrucciones de los representantes del club o entidad deportiva».

Nuevamente el RD 1006 alude claramente a las condiciones físicas y técnicas del deportista, aptitudes que un entrenador no tiene por qué poseer, por ello, en mi opinión, es probable que la intencionalidad del legislador no fuera la de incluir obligaciones para con los entrenadores y, en consecuencia, la no aplicación sobre ellos -Aunque es cierto que requiere cierta actividad física el caminar por la banda, levantarse, sentarse, ir a la mesa de oficiales, coger la pizarra con ahínco, levantar los brazos si algo no sale bien, aplaudir, pero, volviendo a la seriedad digna de este artículo, las funciones de un entrenador tienen que ver con la cualificación técnico-táctica, así como la capacidad y formación psicológica que requiere el trato individual y colectivo en todas las situaciones que se presenten ante ella y para ello, no requiere estar en plena forma física, ni mucho menos-.

 

 

Recopilando el argumentario anterior, parece razonable entender que el concepto de deportista profesional establecido en el RD 1006 no se ajusta en su integridad a la actividad propia de los entrenadores y es que, de lo contrario, no se hubiera acordado un convenio colectivo diferente para entrenadores como el Convenio Colectivo firmado por la ACB y por la AEEB (Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto) y otro convenio -IV- para jugadores, firmado por la ACB y la ABP (Asociación de Baloncestistas Profesionales).

En cuanto al aspecto formativo, ¿se devengan derechos de formación en favor del club que facilitó y enseñó al entrenador durante sus primeros años de contacto con la pizarra? Si el RD 1006 se aplicara correctamente, el entrenador como sujeto de aplicación de tal norma devengaría derechos de formación establecidos en el art.14 RD 1006.

Sin embargo, los entrenadores no reciben dicha «indemnización» e incluso se podría alegar que la formación que recibe un entrenador contiene aspectos diferenciadores pues la indemnización, a saber, se repartiría entre (i) la federación como formadora teórica en cada uno de sus cursos de nivel -y/o Universidades o centros de formación- (sin entrar a valorar el conflicto sobre las titulaciones profesionales); y, (ii) el club formador: por la experiencia práctica que el club te facilita a través de posiciones de ayudante de entrenadores más experimentados.

Se insiste a lo largo del artículo en que uno, en esencia, requiere de titulación y conocimientos psico-técnico-tácticos y otro, principalmente, requiere de aptitud física y técnica. Así, la FEB define separadamente las dos figuras entendiendo por entrenadores las «personas naturales con título reconocido por la FEB dedicadas a la enseñanza, preparación y dirección técnica de baloncesto, tanto a nivel de clubs como de la propia FEB y/o de las Federaciones Autonómicas integradas en ella». (Art. 99 de los Estatutos de la FEB).

Sin embargo, a pesar de clara diferenciación y de los tantos argumentos en contra expuestos, sigue predominando la corriente jurisprudencial que considera al entrenador como deportista profesional. Dice esta corriente que, la prestación de los entrenadores presenta, prácticamente, los mismos caracteres especiales, no obstante, la prestación laboral de los entrenadores participa de muchas de las características específicas de los deportistas profesionales, lo que determina que la regulación de aspectos de sus respectivas relaciones laborales deba separarse de la normativa laboral común, como en cuestiones de jornada, retribución o duración del contrato de trabajo». No obstante, la prestación laboral de los entrenadores participa de muchas de las características específicas de los deportistas profesionales, lo que determina que la regulación de aspectos de sus respectivas relaciones laborales deba separarse de la normativa laboral común, como en cuestiones de jornada, retribución o duración del contrato de trabajo».

 

CONCLUSIONES

1.- Parece razonable entender que la literalidad del RD 1006 rechaza su aplicación a los entrenadores, no sólo por las funciones que realizan, sino por los derechos y deberes a los que se expone, así como la no adaptación de la jornada a la realidad práctica de las jornadas de los entrenadores, e, incluso, la mención expresa de «jugador» como sinónimo de «deportista» en los requisitos formales para el registro de los contratos, sin olvidarse de los requisitos de titulación de un entrenador frente a los requisitos de condicionamiento físico y técnico del deportista, aptitud que no tiene por qué contener un entrenador para realizar sus funciones.

2.- Para el supuesto de que exista un atisbo de duda en la literalidad, se deberá acudir al criterio teleológico,a que busca la finalidad a la que ha querido llegar el legislador al redactar la norma. Además, se podrá acudir a la interpretación realizada por tribunales y doctrina. No obstante todo lo anterior, el principio pro-operario y la primacía de la realidad han de regir en caso de que exista alguna duda interpretativa (art. 3 ET), con lo cual, es interesante reconocer que, para evitar la desprotección de los entrenadores, se les aplica la normativa de forma tal que su relación laboral sea considerada como especial dadas las características de sus funciones y su cercanía para con los deportistas profesionales, ya que, ultimando esta conclusión, sería complejo determinar que todos los entrenadores fueren altos directivos o voluntarios o trabajadores comunes.

¿Por qué no pensar en una figura denueva creación que proteja de una vez por todas las características especiales de un entrenador, sobre todo, aquel de formación?

Montse Díaz Marí
Abogada con especialización en Derecho Deportivo / Web

 

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